El alcalde critica las ordenanzas contra la prostitución callejera: 'Sólo calman conciencias'
Dos prostitutas en el polígono cordobés de La Torrecilla. | Madero Cubero- Andrés Ocaña afirma que Córdoba nunca tendrá una norma de ese tipo
- La prostitución callejera toma en Córdoba el Arenal y La Torrecilla
El alcalde de Córdoba, Andrés Ocaña (IU), lo tiene muy claro: multar la prostitución sólo sirve para "calmar conciencias". La experiencia de Granada, donde gobierna el PP, y la de Sevilla, donde el gobierno socialista de Alfredo Sánchez Monteseirín -al que sostienen los concejales de IU- acaba de aprobar una ordenanza que permite multar la prostitción callejera, no han hecho cambiar de opinión al cordobés, al que algunos sectores de la ciudad presionan para que impulse una norma similar.
El problema de la prostitución callejera en Córdoba comienza a adoptar una dimensión considerable en determinados puntos del extrarradio. Donde más visible se hace es en las inmediaciones del recinto ferial de El Arenal y también en el polígono industrial La Torrecilla, donde es fácil ver, a partir de ciertas horas, a mujeres ofreciendo sexo a los conductores de los vehículos que pasan por allí.
Andrés Ocaña afirma que hay otras maneras de luchar contra el problema y no sólo contra el hecho de que el problema sea visible. Asegura que en Córdoba también se están realizando actuaciones al respecto: se está trabajando coordinadamente con el objetivo de "evitar estas circunstancias".
Sin querer entrar en detalles sobre estas actuaciones que el Ayuntamiento cordobés está llevando a cabo para combatir esta lacra, lo que sí deja claro Ocaña es que el Ayuntamiento de Córdoba no pondrá en marcha ninguna ordenanza municipal encaminada "más a calmar conciencias que a solucionar el problema".
Para Ocaña, esto es lo que pretenden hacer ayuntamientos como los de Granada o Sevilla cuando intentan que las mujeres dejen de vender sus cuerpos a cambio de dinero. "Con una ordenanza no se evita de problema", insistió, a pesar de que esta iniciativa ha sido puesta en marcha en otras ciudades.
En el caso concreto de Granada, primera ciudad andaluza en poner en marcha la llamada ordenanza de la convivencia, se sanciona el ejercicio de la prostitución en las vías públicas con multas que van desde los 750 euros a los 3.000, tanto a las personas que ofrecen el servicio como a los clientes. En la práctica, tan sólo ha servido para trasladar la prostitución a lugares más escondidos. Además, las prostitutas suelden declararse insolventes, con lo cual su aplicación sólo afecta a los clientes.
Por su parte, el Ayuntamiento de Sevilla también aprobó el pasado mes de enero el proyecto de ordenanza para luchar contra el ejercicio de la prostitución en la calle. Lo importante, a juicio de Andrés Ocaña, es "intervenir en ese problema" y "no quedarse exclusivamente con que la regulación, a través de una ordenanza, acaba el problema".
El problema de la prostitución callejera en Córdoba comienza a adoptar una dimensión considerable en determinados puntos del extrarradio. Donde más visible se hace es en las inmediaciones del recinto ferial de El Arenal y también en el polígono industrial La Torrecilla, donde es fácil ver, a partir de ciertas horas, a mujeres ofreciendo sexo a los conductores de los vehículos que pasan por allí.
Andrés Ocaña afirma que hay otras maneras de luchar contra el problema y no sólo contra el hecho de que el problema sea visible. Asegura que en Córdoba también se están realizando actuaciones al respecto: se está trabajando coordinadamente con el objetivo de "evitar estas circunstancias".
Sin querer entrar en detalles sobre estas actuaciones que el Ayuntamiento cordobés está llevando a cabo para combatir esta lacra, lo que sí deja claro Ocaña es que el Ayuntamiento de Córdoba no pondrá en marcha ninguna ordenanza municipal encaminada "más a calmar conciencias que a solucionar el problema".
Para Ocaña, esto es lo que pretenden hacer ayuntamientos como los de Granada o Sevilla cuando intentan que las mujeres dejen de vender sus cuerpos a cambio de dinero. "Con una ordenanza no se evita de problema", insistió, a pesar de que esta iniciativa ha sido puesta en marcha en otras ciudades.
En el caso concreto de Granada, primera ciudad andaluza en poner en marcha la llamada ordenanza de la convivencia, se sanciona el ejercicio de la prostitución en las vías públicas con multas que van desde los 750 euros a los 3.000, tanto a las personas que ofrecen el servicio como a los clientes. En la práctica, tan sólo ha servido para trasladar la prostitución a lugares más escondidos. Además, las prostitutas suelden declararse insolventes, con lo cual su aplicación sólo afecta a los clientes.
Por su parte, el Ayuntamiento de Sevilla también aprobó el pasado mes de enero el proyecto de ordenanza para luchar contra el ejercicio de la prostitución en la calle. Lo importante, a juicio de Andrés Ocaña, es "intervenir en ese problema" y "no quedarse exclusivamente con que la regulación, a través de una ordenanza, acaba el problema".
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