martes, 4 de enero de 2011

NUESTRAS INSTITUCIONES Y EL TRABAJO SEXUAL.
REFLEXIONES DESDE LA ASOCIACIÓN PRO
DERECHOS HUMANOS DE ANDALUCÍA

Estefanía Acién González
Socióloga
Grupo de Trabajo sobre Prostitución de la Asociación Pro derechos Humanos de Andalucía

Resumen
La razón que da sentido al trabajo que desarrolla la Asociación Pro Derechos Humanos en el área de prostitución, es la firme intención de no abandonar el camino de la consecución de derechos fundamentales para quienes ofrecen servicios sexuales

Palabras Clave:
Prostitución, Derechos humanos, trata de personas.

Abstract
The reason that gives sense to the work that develops the Associación Pro Derechos Humanos in the area of prostitution is the firm intention of not leaving the way of the attainment of fundamental rights for those who offer sexual services.

Key words
: Prostitution, Human rights, traffic of persons.

La razón que da sentido al trabajo que desarrolla la Asociación Pro Derechos Humanos en el área de prostitución es la firme intención de no abandonar el camino de la consecución de derechos fundamentales para quienes ofrecen servicios sexuales. Sin embargo, no corren buenos tiempos en España para esta tarea. Hace dos años comenzó una campaña de ámbito estatal, promovida por entidades abolicionistas y con una amplia respuesta institucional, de ofensiva contra los clientes de las trabajadoras del sexo. La base ideológica de esta campaña parte de considerar que los clientes -supuestos siempre hombres- son los máximos responsables de la
existencia de la prostitución. Jornadas, cartelería y todo tipo de soportes de
sensibilización califican a estas personas como
En Sevilla esta ofensiva ha adquirido los tintes más duros hasta el momento. El Ayuntamiento de la capital andaluza, asumiendo la ideología abolicionista, se ha puesto manos a la obra unilateralmente -sin contar con la voz de las mujeres que trabajan en el sector del sexo- y ha lanzado dos fuertes iniciativas: una campaña de sensibilización bajo el lema “¿Tan poco vales que tienes que pagar?” y un proyecto de ordenanza municipal diseñado casi exclusivamente para erradicar la prostitución de sus calles.
Detengámonos en este detalle. Ya son varios los ayuntamientos de este país
que están planteando y poniendo en práctica este tipo de ordenanzas municipales.
Supuestamente estas normas se piensan para mejorar la convivencia en el ámbito del espacio público y resolver y prevenir los conflictos que puedan darse derivados de su uso colectivo.
prostituidores o, en los últimos tiempos “clientes” con comillas, expresión que no deja de ser ciertamente ofensiva, no sólo para ellos, sino también para las trabajadoras que ofrecen los servicios, ya que si se entrecomilla el término cliente ocurre, desde este punto de vista, lo propio con el de trabajadora.
La presencia de mujeres que ofrecen sexo en las calles de nuestras ciudades es un asunto que preocupa especialmente a los vecinos de las zonas con mayor visibilidad de esta actividad, por lo que los ayuntamientos deben entrar a gestionar este conflicto, eso es evidente. Sin embargo, lo que nos preocupa especialmente desde APDHA es que todas estas corporaciones municipales (Barcelona, Madrid, Sevilla, El Ejido...) se están dejando llevar por una peligrosa inercia de tomar decisiones basándose sólo en el control de la visibilidad del fenómeno de la prostitución de calle, sin pensar en hablar con sus protagonistas para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo y negociar el uso del espacio público. Desean que desaparezcan los clientes,
que desaparezcan las trabajadoras del sexo, que desparezca la prostitución, alegando que son esclavas sexuales de los hombres; mientras que las propias prostitutas
Si las instituciones existen, entre otras cosas, para garantizar que todas las personas sean tratadas con igualdad y respeto -ya que, como dice el Art. 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU, 1948), todas estamos dotadas de razón y conciencia y así debemos ser percibidas- ¿Por qué sus campañas de supuesta protección hacia las mujeres que se prostituyen, atacan frontalmente a su medio de vida, su trabajo y sus clientes? Esta pregunta merece una profunda reflexión.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Igualdad dirigido por la Sra. Bibiana Aído ha lanzado a los medios de comunicación un plan contra la trata de personas con fines de explotación sexual.
1 reclaman respeto a sus clientes hacia su trabajo y buenas y saludables prácticas.
1 Ver, por ejemplo, el “Manual para clientes de trabajadoras del sexo”, del Colectivo Stella (Canadá): STELLA,
(2008), “Querido cliente...”, en SOLANA, J.L. Y ACIÉN, E.,
y respeto
Los retos de la prostitución. Estigmatización, derechos, Comares, Granada.
La medida estrella de este plan consiste en algo que no es nuevo para las
trabajadoras del sexo inmigrantes: si denuncian a la supuesta red de tráfico que las ha traído a España se les ofrece apoyo, pero si no, la supuesta víctima sigue siendo una persona indocumentada susceptible de expulsión. Para nosotros este tipo de medidas tiene varios problemas graves. El análisis de la trata de seres humanos debe llevarse a cabo de una manera extensiva a más ámbitos que el de la prostitución, o dicho de otra manera, se debe combatir la trata (coacción de personas de terceros países para ser explotadas laboralmente) y analizar el tráfico (organización de viajes ilegales de personas de terceros países) en toda su complejidad, porque recordemos que tráfico y trata no son términos sinónimos: no todo el tráfico supone o esconde trata, ni siquiera cuando la persona se dedica a la prostitución. Esta cuestión fundamental afecta tanto a hombres como a mujeres, pero si nos centramos en las prostitutas hay que resaltar que las mujeres inmigrantes irregulares, que están ejerciendo la prostitución en el Estado Español, han accedido a nuestro territorio ilegalmente y muchas usan redes de tráfico para entrar -como muchos otros hombres y mujeres que no se dedican a este trabajo- y que sólo una pequeña parte es víctima de trata (de coacción para la explotación laboral en el sector del sexo). Ahora bien, que no todas las trabajadoras del sexo inmigrantes sean víctimas de trata no significa
que le quitemos importancia al asunto. Muy al contrario, hay que abordarlo con toda la urgencia que requiere una injusticia de ese calibre. Por eso, desde APDHA estamos convencidos de que las víctimas de trata deben tener el terreno allanado para poder denunciar sin las ya clásicas coacciones estatales.
Una vez que una víctima de trata se decide a denunciar a los responsables de su situación, no debe recibir presiones bajo amenaza de expulsión para seguir hasta el final con la denuncia. Y desde luego no debe haber una detención previa.
Con esto nos referimos a que, por lo general, ocurre que a la supuesta víctima se la detiene en una redada y, una vez en comisaría, se le dice que, o delata a la red de trata -el nuevo plan les da un mes de reflexión para hacerlo- o, si no consideran que son víctimas de trata y no denuncian a nadie, se las expulsa. Bibiana Aído ha tenido la deferencia de proponer incorporar un elemento
Sin embargo, la experiencia de trabajo en nuestra entidad nos dice que deberemos esperar para ver si realmente no se toman medidas contra la mujer que no desea irse, que desea quedarse en nuestro país y que, además plantea que tiene la intención de seguir ejerciendo la prostitución.
La persistencia en seguir considerando meramente víctimas a las mujeres que
trabajan en el sexo, en lugar de reconocer la validez de sus opciones en la vida, es lo que hace que no sean estos buenos tiempos para el trabajo por los derechos. La condición estereotipada y estigmatizadora de víctima resta poder a las personas, las torna en seres vulnerables y obvia su autonomía y fuerza para salir adelante.
Además de esta consecuencia social, continuar expandiendo la idea de que todas las mujeres inmigrantes que ejercen la prostitución están forzadas por
igualdad. Así funciona la vida: ni todas las mujeres son débiles, ni todos los hombres son agresivos, ni todas las prostitutas son víctimas de clientes, proxenetas y mafias.
positivo, quizá el único del plan, y es la pretensión de plantear la voluntariedad del retorno (es decir, la mujer vuelve a su país si quiere, si realmente considera que fue sacada de su país para ser explotada).mafias nos impide distinguir situaciones diversas (las que ejercen por propia decisión, las que lo hacen porque no tienen más remedio, las que lo hacen forzadas...) y realmente detectar los casos en que una mujer pueda ser víctima de este delito. Quizá sería sencillo si todas las prostitutas fueran iguales, pero afortunadamente la realidad no así. Hay que trabajar más para estudiarla, conocerla, madurarla, y construirla entre todos en pie de
Lo que sí es cierto, y a estas alturas a nadie se le escapa, es que las personas que trabajan en la industria del sexo ofreciendo servicios sexuales no cuentan con garantías en derechos reales reconocidos a los que agarrarse cuando son víctimas de abusos. La trabajadora brasileña, que hace unas semanas denunció haber sido víctima de repetidas agresiones sexuales por parte de un policía local en Marbella, ha logrado que los responsables estén en prisión preventiva por delitos contra la libertad sexual y omisión del deber de denunciar un delito, pero no se nos debe olvidar que el delito se
cometió en su lugar de trabajo, y no debe parecernos natural tal hecho. En una oficina de la administración pública o en cualquier empresa de servicios, las trabajadoras no suelen esperar que un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado (que existen para proteger derechos y libertades, no lo olvidemos) lleguen a su mesa y abusen sexualmente de ellas. Hoy por hoy, aún es frecuente que una prostituta, por dedicarse a servir sexo, trabaje con el temor a que le pueda suceder algo así.
Por eso, desde APDHA, aplaudimos la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ha sentado jurisprudencia reconociendo que una trabajadora del sexo en un local de alterne tiene una relación laboral con el empresario del local.
Si hay relación laboral, se derivan derechos y los derechos protegen a las personas y las sitúan en plano de igualdad con los demás, reconociéndoles la dignidad que necesitan para poder funcionar de forma normalizada en nuestra sociedad.

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